APATZINGAN, MICHOACAN SABADO 23 DE JUNIO 2018:-:  Se tiene la intención de que al formarse el Observatorio Ciudadano de Seguridad se puedan hacer investigaciones sobre las causas de la violencia, no sobre actos violentos, porque esa no será la función del organismo, ni se va a hacer investigación policiaca que estos aspectos queden bien claros, se van a estudiar las causas de la violencia como cultura, como forma de ser y de ahí se van a estar proponiendo acciones para que sean realizadas por la sociedad y por las instituciones públicas como agentes del gobierno para ir generando un cambio de mentalidad hacía una paz que nos merecemos todos.

El ingeniero Leonardo González Tafolla, Director General del Sistema Educativo del Instituto del Valle de Apatzingán y principal promotor de la fundación del mencionado Observatorio Ciudadano, al ser entrevistado sobre los objetivos y forma de operatividad del mismo, a lo anterior recalcó que se va a hacer llegar a la autoridad o a hacer pública mucha de la información que en estos momentos se cataloga como oculta y se va a tratar de que ya no exista más el “aquí no pasa nada”; que los gobernantes sepan que estamos enterados de que si pasan cosas, porque cuando los gobernantes dicen que aquí no pasa nada, entonces no hay ninguna acción para la seguridad de los ciudadanos.

Leonardo González agregó que muchas de las personas que vivimos aquí “hemos padecido esta situación” y si pasan muchas cosas y el observatorio no tendría ninguna relación ni similitud con la Comisión de Derechos Humanos, organismo que tiene muy clara su función: atiende a víctimas, a personas que han sido afectados sus derechos humanos y el observatorio será una voz de decirle al gobierno lo que pasa y hacerlo público, no esconder la información, que si hay secuestros, los vamos a hacer públicos, que si hay robos de vehículos, que si hay asaltos a mano armada, que si hay robos los vamos a hacer públicos para que tanto la ciudadanía como el gobierno estén conscientes y actúen, principalmente el gobierno en cumplimiento a su primer responsabilidad constitucional que es garantizar los derechos humanos de la población.