Los trabajos de supervisión se realizaron en atención a los lineamientos del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura
APATZINGÁN, MICHOACÁN, VIERNES 28 DE AGOSTO 2020:-: En el marco de las acciones implementadas para atender los lineamientos emitidos por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) continúa con las visitas de supervisión a las áreas de internamiento de las diversas Fiscalías Regionales, con el objetivo de garantizar a las personas detenidas, condiciones de atención dignas para prevenir la violación de sus derechos humanos.
En seguimiento a estas actuaciones, personal de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos; Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; y Policía de Investigación, llevaron a cabo un recorrido en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Apatzingán, a efecto de garantizar el cumplimiento del marco jurídico establecido en esta materia.
Acompañados por personal de dicha Fiscalía Regional, se verificaron las condiciones en las que se encuentran dichas áreas, así como el procedimiento que se sigue al momento de ingresar una persona detenida; que cuente con un lugar adecuado; conozca en todo momento su situación legal, y permanezca en un lugar digno mientras ésta les es resuelta.
Para el Fiscal General, Adrián López Solís, dar puntual seguimiento a las observaciones de este Mecanismo es fundamental, por lo anterior, ha instruido a que se lleven a cabo supervisiones en cada una de las Fiscalías Regionales para garantizar el respeto a estas prerrogativas.
En el marco de esta actividad, se realizó la colocación de material informativo y de difusión, con relación a los derechos que tienen las personas detenidas o imputadas.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) es la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de la libertad en todo el territorio nacional, y entre sus funciones están las de prevenir actos que atenten contra la integridad física y mental de las personas privadas de la libertad, promover el respeto de la legalidad e impulsar el mejoramiento de las condiciones de alojamiento y alimentación digna, y proteger y proteger la satisfacción de las necesidades de las personas con requerimientos específicos en lugares de detención.